Seis mil millones de razones para hacer pagar a los bancos

La Introducción

Por años ha habido investigaciones que han asegurado que existen partes significativas de la deuda de Puerto Rico que se emitieron de manera ilegal. En un giro sorprendente, la junta que fue designada por el gobierno federal para controlar la reestructuración de la deuda ahora parecería estar de acuerdo. O por lo menos, en cierto modo.

En enero, la Junta de Control Fiscal y el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) alegaron en la corte federal que $6 mil millones de la deuda de Puerto Rico relacionada con las obligaciones generales se emitieron de manera ilegal, en lo que representa una violación al límite constitucional de la deuda de Puerto Rico.¹ Hay tres emisiones de bonos que se están cuestionando: una de $415 millones de marzo de 2012, una de $2,3 mil millones de abril de 2012 y otra de $3,5 mil millones de marzo de 2014.

Pero, aunque esto es un comportamiento que no es para nada habitual por parte de la Junta de Control Fiscal alineada con Wall Street, esta debería tomar más acciones para procurar una rendición de cuentas por parte de los bancos y el resto de las entidades que controlaron las emisiones de bonos y se lucraron de ellas.

La Junta de Control Fiscal, hasta ahora, no ha revelado los nombres de los responsables ni ha comenzado procesos legales contra ellos, pero tiene una responsabilidad particular de hacerlo y el tiempo no se detiene: el último día para comenzar estos procedimientos legales (“avoidance actions”) sobre la deuda es el 9 de mayo de 2019. La Junta de Control Fiscal tiene poderes especiales para presentar tales reclamos contra las partes, como los bancos, que se lucraron de transferencias fraudulentas antes de la declaración de quiebra.²

Además de ofrecer un contexto sobre las diferentes emisiones de deuda que están en entredicho, este informe dice los nombres de aquellos que son responsables de crear y lucrarse de la deuda que aparentemente es ilegal; entre ellos, los suscriptores, los banqueros de puertas giratorias y los bufetes de abogados. Los hallazgos más importantes incluyen que:

Entre los suscriptores de dichos tratos se incluye una lista notoria de los bancos más prominentes, como Barclays, Popular, UBS, Santander y Morgan Stanley. Las comisiones de los ofrecimientos que se pagaron alcanzaron los $294 millones. Como suscriptores, los bancos ayudaron a crear y a mercadear los bonos, y aconsejaron al gobierno que los emitieran. Mientras tanto, cobraban cuantiosos honorarios en el proceso. En otras palabras: algunas de las corporaciones más ricas del mundo se lucraron significativamente de la emisión de la deuda aparentemente ilegal de Puerto Rico.
Los recaudos de varias de las emisiones de bonos se usaron para pagar los cargos por cancelación de los intercambios de activos tóxicos (“swaps”) a algunos de los mismísimos bancos que estaban suscribiendo los bonos. Como resultado de estos acuerdos nebulosos, Morgan Stanley, UBS y Bank of America — todos— lograron lucrarse por partida doble de estos tratos, al cobrar cargos por suscripción y cargos de cancelación de activos. Barclays también se benefició doblemente, al actuar como un suscriptor de un acuerdo que se usó para repagar $342 millones en cuentas por cobrar a corto plazo, en las que Barclays había sido el único comprador original.
De hecho, Popular aconsejó al Banco Gubernamental de Fomento que no efectuara el acuerdo de 2014 de los bonos y después, de todas formas, fungió como suscriptor y se embolsilló los honorarios. Por otra parte, Citi, que al igual que Popular le recomendó al BGF que no pactara el acuerdo, no fungió como suscriptor.
Las relaciones de puertas giratorias con los bancos levantan dudas sobre transacciones en beneficio propio y conflictos de interés. Este informe no plantea una cartografía completa de estas relaciones, pero sí señala un patrón de relaciones de puertas giratorias en Santander con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que suscribió los tres acuerdos de emisión de bonos. Después de todo, hay dos exejecutivos de Santander y del BGF en la Junta de Control Fiscal.³ También hubo relaciones de puertas giratorias que coincidieron con estos acuerdos específicos de emisiones de bonos que merecen investigarse y considerarse. Por ejemplo, Néstor De Jesús era un ejecutivo de la banca municipal en Barclays cuando este banco estuvo involucrado en la emisión de 2014, y poco después fue nombrado a la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento.
El mismo bufete de abogados, Greenberg Traurig, fungió como asesor de bonos para las tres emisiones que se cuestionan su legalidad. Los asesores de bonos se contratan por el emisor para que certifiquen la validez de la deuda. El bufete continúa haciendo negocios importantes relacionados con la deuda de Puerto Rico. Recientemente renovaron un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para seguir proveyendo asesoría y asistencia legal para la reestructuración de la deuda de la Autoridad. O’Neill & Borges, un bufete de abogados de Puerto Rico, sirvió de asesor para los suscriptores en las tres emisiones de bonos.

Es de una importancia particular que los asuntos que se plantean en este informe se consideren a la luz de la fecha límite que se aproxima para radicar reclamaciones legales (“avoidance actions”) y para las negociaciones que se están llevando a cabo en cuanto a la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, el 9 de mayo próximo. Estas negociaciones determinarán cuánto del dinero del Fondo General de Puerto Rico se usará para pagarles a los buitres de Wall Street, en vez de asignarlos a la educación, la salud o a otros servicios para el pueblo de Puerto Rico.

El contexto: el plan de ajuste a la deuda del gobierno de Puerto Rico y la fecha límite de mayo para emprender acciones legales contra los bancos

Al retar la validez de la deuda de $6 mil millones en deuda de obligaciones generales (OG), la Junta de Control Fiscal y el Comité de Acreedores No Asegurados pusieron la bola a correr en las negociaciones con los fondos buitre y otros acreedores en cuanto a la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico de obligaciones generales. Esto incluye $13 mil millones en bonos, alrededor de 17% de toda la deuda. Esta reestructuración sigue a la de COFINA, que se aprobó en la corte federal a principios de febrero.

Lo que se luchará y determinará en los tribunales es cuánto dinero quedará en los próximos años para Puerto Rico y cuánto será para Wall Street. Mientras más dinero se use para pagar la deuda, menos habrá para los servicios esenciales de la población. No obstante, en este caso, la conexión entre la reestructuración y el presupuesto para los servicios sociales será más cercana que aquella del reciente acuerdo de COFINA, ya que el Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico —del cual se destinan los fondos para la educación, la salud y la vivienda— está sobre la mesa de negociación.

La movida de la Junta de Control Fiscal de cuestionar la validez de los $6 mil millones en deuda de obligaciones generales es una señal de que esta pudiera tomar un acercamiento de más confrontación frente a los bonistas que aquel que asumió durante las negociaciones sobre la deuda de COFINA. El núcleo de su planteamiento legal es que se sobrepasó el límite constitucional de la deuda a partir de la emisión de marzo de 2012, por lo que esta emisión y las posteriores deberían declararse nulas e inválidas. La clave para este argumento es que la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) —respaldada por alquileres garantizados de edificios— está efectivamente avalada por la fe y el crédito del gobierno de Puerto Rico y que debería haberse considerado a la luz del límite constitucional de emisión de bonos.

Los fondos buitre que son dueños de esta deuda, en su afán de extraer riquezas de Puerto Rico, seguramente lucharán agresivamente en contra de una declaración como esa.

Existen dos grupos separados de fondos buitre que asumirán un papel protagónico en las negociaciones legales: el grupo de obligaciones generales (conocido en inglés como el GO Group) y el grupo de bonistas constitucionales. Ambos grupos poseen bonos garantizados por la constitución. De acuerdo con los archivos judiciales, tres miembros de estos grupos, Autonomy Capital, Mason Capital y Aurelius Capital, en la actualidad son tenedores de la deuda que la Junta de Control Fiscal procura declarar nula e inválida. Otros dos actores clave en las negociaciones en transcurso, Brigade Capital y Oppenheimer, también son dueños de estos bonos. La siguiente tabla desglosa sus tenencias promedio (las cantidades de la deuda en cuestión que ellos sostienen no han sido divulgadas): ⁴

Dueños de la deuda de obligaciones generales que está en cuestión

Fondos⁵	Inversiones a la fecha:	Cantidad de deuda del gobierno de Puerto Rico*	Grupo
Autonomy Capital	19 de octubre de 2018	$1,028,703,000	Grupo de OG
Aurelius Capital	19 de octubre de 2018	$417,107,028	Grupo de OG
Brigade Capital	25 de mayo de 2018	$112,930,000	n/a
Mason Capital	29 de enero de 2019	$468,056,000	Constitutional Group
Oppenheimer Funds	29 de noviembre de 2018	$910,948,072 ($75 millones en bonos de OG en cuestión)⁶	Mutual y Grupos de la AEE
* Esto muestra la cantidad total de deuda que poseen. Excepto por Oppenheimer, no existen cifras específicas de la deuda en cuestión que ellos sostienen que no está disponible. El único dato es que, en efecto, es de ellos.

Es importante señalar que la fecha límite para radicar reclamaciones contra las instituciones privadas que están involucradas en malas prácticas financieras, fraude o negligencia relacionados con la deuda es el 9 de mayo de 2019. Como fideicomisario en el proceso de quiebra, la Junta de Control Fiscal tiene la responsabilidad de hacerlo, y hasta el momento ha arrastrado lo pies.

Anteriormente, la Junta de Control Fiscal contrató una firma de resolución de disputas y de investigación, Kobre & Kim, para que llevar a cabo una investigación sobre la deuda, la cual concluyó con un informe final que se emitió en agosto de 2018. Este informe incluyó todo un capítulo sobre posibles acciones legales y, como resultado, la Junta de Control Fiscal conformó un Comité de Reclamaciones Especiales para darles seguimiento a las posibles reclamaciones. Ese comité, por su parte, contrató un bufete de abogados para atenderlas.⁷

A medida que se acerca la fecha límite del 9 de mayo, se debe construir la presión pública a ejercerle a la Junta de Control Fiscal, para así forzarla a que radique más reclamaciones contra los bancos y que estos, a su vez, asuman su responsabilidad y le devuelvan el dinero a Puerto Rico. De esta manera, se podrían liberar los recursos económicos que se necesitan para los servicios esenciales.

Tres emisiones de bonos bajo ataque

La Junta de Control Fiscal y el Comité de Acreedores No Asegurados están cuestionando tres emisiones de bonos diferentes, ya que alegan que exceden el límite constitucional de la deuda y, por tanto, deberán declararse nulas e inválidas:

Una emisión de obligaciones generales de $415 millones en marzo de 2012

Una emisión de obligaciones generales de $2.3 mil millones en abril de 2012

Una emisión de obligaciones generales de $3.5 mil millones en marzo de 2014

Las dos emisiones de obligaciones generales de 2012 fueron algunas de las últimas que autorizó el gobierno de Luis Fortuño. Es digno de recalcar esto porque Fortuño estuvo al mando de un aumento de la deuda de $16.5 mil millones: el más grande de cualquier gobernador en la historia (su administración emitió casi $35 mil millones en bonos).⁸

En su momento, la emisión de 2014 fue particularmente controversial, debido en parte a que las agencias de calificación de crédito habían degradado la deuda del gobierno de Puerto Rico a un estado chatarra.⁹ Aun así, el gobierno siguió adelante con lo que fue la venta más grande de bonos a nivel chatarra en la historia del mercado de deuda municipal de los Estados Unidos.¹⁰

Los bonos de 2014 se cuestionaron insistentemente en el primer informe preauditoría por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico, que se formó en el 2015 por un proyecto legislativo, y que luego la administración del gobernador Rosselló disolvió en el 2017.¹¹ El informe planteó preocupaciones sobre posibles violaciones a la constitución de Puerto Rico, así como sobre prácticas dudosas de contabilidad y divulgación por parte de los suscriptores.

Los detalles de cada emisión, incluyendo a los bancos y a los bufetes de abogados que se beneficiaron de las transacciones, se muestran a continuación:

Emisión de bonos de OG por $415 millones en marzo de 2012

Cantidad principal emitida: $415,270,000¹²
Tasas de suscripción: $3,526,954
Suscriptor principal: UBS
Otros suscriptores: Bank of America Merrill Lynch, Popular, Santander, Barclays, BBVAPR MSD, Citigroup, Firstbank PR Securities, Oriental Financial Services, Ramirez & Co., Raymond James, Scotia MSD
Asesoría sobre los bonos: Greenberg Traurig
Asesoría de los suscriptores y asesor especial sobre impuestos de Puerto Rico: O’Neill & Borges
Uso de los recaudos: Los recaudos de los bonos se usaron primordialmente para repagar una línea de crédito del BGF y reembolsar bonos de obligaciones generales por pagar.

Emisión de bonos de OG de $2.3 mil millones en abril de 2012

Cantidad principal emitida: $2,318,190,000¹³
Tasas de suscripción y de cargos por cancelación de intercambios: $163,097,466
Suscriptores principales: Barclays y JPMorgan Chase
Otros suscriptores: Goldman Sachs, Jefferies, BMO Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Ramirez & Co., Raymond James, RBC Capital Markets, UBS, Wells Fargo, BBVAPR MSD, FirstBank PR Securities, Oriental Financial Services, Santander, Popular, Scotia MSD, VAB Financial
Asesoría sobre los bonos: Greenberg Traurig
Asesoría de los suscriptores: O’Neill & Borges
Uso de los recaudos: Los recaudos de los bonos se usaron para repagar líneas de crédito del BGF, reembolsar bonos de obligaciones generales por pagar, pagar por adelantado los intereses de los bonos hasta el 2015 y pagar las penalidades de salida de las tasas de interés por los acuerdos de intercambio.

Cabe señalar que los cargos por cancelación de intercambios que se financiaron por estos nuevos bonos se pagaron a tres de los bancos que suscribieron la oferta: Morgan Stanley, UBS y RBC Capital Markets. Es decir que a los bancos se les pagó por suscribir unos bonos que se usaron parcialmente para pagarles a esos mismos bancos los acuerdos de intercambio cancelados.

Los bancos vendieron los intercambios a Puerto Rico como una manera de protegerse de las fluctuaciones de las tasas de interés, pero se tornaron tóxicos y onerosos debido a las bajas tasas de interés que fueron el resultado de la crisis financiera de 2008. Puerto Rico pagó estos cuantiosos cargos por cancelación para poder salirse de los acuerdos.¹⁴

Emisión de bonos de OG por $3.5 mil millones en marzo de 2014

Cantidad principal emitida: $3,500,000,000¹⁵
Cargos por suscripción: $36,821,531
Cargos por cancelación de intercambios: $90,417,100
Repago de los bonos previos a la emisión (BAN, por sus siglas en inglés) de COFINA: $342,365,760
Principales suscriptores: Barclays, Morgan Stanley, RBC Capital Markets
Otros suscriptores: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Ramirez & Co., Firstbank PR Securities, Jefferies, Mesirow Financial, Oriental Financial Services, Popular, Santander, UBS
Asesoría sobre los bonos: Greenberg Traurig
Asesoría sobre la divulgación: Pietrantoni Méndez & Alvarez LLC
Asesoría de los suscriptores: O’Neill & Borges y Sidley Austin
Uso de los recaudos: Para repagar las líneas de crédito del BGF, refinanciar los bonos reembolsados, reembolsar los BAN de COFINA, pagar las penalidades de cancelación de los acuerdos de intercambio y pagar los intereses por los bonos por adelantado ($422 millones de los recaudos se usaron para este fin).

Los bonos que se refinanciaron habían tenido anteriormente tasas de interés significativamente más bajas.¹⁶ Debido en parte a las tasas de interés extremadamente altas para los bonos, 275 firmas de inversiones se lanzaron a comprar los bonos chatarra, incluidos varios fondos de cobertura, según lo reportó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).¹⁷ Llama la atención que la práctica de refinanciar la deuda con unas tasas de interés más altas – y por tanto, más costosas para el gobierno – se permitió gracias a una enmienda incluida en la infame Ley 7 de Fortuño, que se aprobó en el 2009 e incluyó varias medidas antiobreras y de austeridad que han tenido consecuencias de peso significativo para Puerto Rico.¹⁸

Tal y como sucedió con la oferta de abril de 2012, algunos de los bancos suscriptores participaron dos veces de los recaudos de la emisión. Casi $90 millones de los recaudos de los bonos de 2014 se usaron para pagar los cargos por cancelación de los intercambios. A dos de los bancos que suscribieron la emisión se les pagaron estas tarifas. Morgan Stanley, quien también cobró cargos por cancelación como parte de la emisión de 2012, recibió un pago de $24 millones; mientras que a Bank of America Merrill Lynch se le pagó $13.1 millones.¹⁹

Barclays, uno de los suscriptores de los bonos, también había sido el comprador original de $333 millones en emisiones anticipadas de bonos (BAN) de COFINA que se repagaron por los recaudos del ofrecimiento. Asimismo, estuvo expuesto continuamente a los BAN, así como a las emisiones (se repagó $324 millones, con los intereses incluidos).²⁰ Los BAN son bonos a corto plazo que se emiten antes de una emisión de bonos mucho más grande (en este caso, los BAN se aseguraron por los recaudos de una siguiente emisión de COFINA²¹, pero en vez de esto, se pagaron con esta emisión).

Es particularmente notable que Popular le aconsejó al Banco Gubernamental de Fomento que no hiciera la emisión de bonos, pero comoquiera participó de su suscripción, según un informe que comisionó la Junta de Control Fiscal y que redactó la firma de investigaciones Kobre & Kim. Acompañado por Citi, Popular redactó un memorándum para el director de la Junta de Directores del BGF, David H. Chafey, Jr., en el que le recomendaba que no efectuara otra emisión de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho sea de paso, Chafey es un exejecutivo de Popular. Contrario a Popular, Citi decidió no suscribir la transacción, aduciendo preocupaciones sobre la precaria situación financiera del gobierno de Puerto Rico.²²

Desafiar a los bancos

La historia oficial sobre por qué Puerto Rico se encuentra en una profunda crisis de la deuda solo halla culpas en la mala administración y en la corrupción por parte del gobierno local. No obstante, aunque los dos partidos políticos que han compartido el poder por las últimas seis décadas son responsables, esta versión obvia a algunos de los actores clave que han dirigido y se han lucrado de las emisiones de la deuda; en particular, los bancos y los bufetes de abogados.

Como se mostró anteriormente, los cargos por suscripción y por cancelación de intercambios que pagaron con los tres ofrecimientos sumaron $293,863,051.

Como mínimo, sus prácticas empresariales a la hora de controlar y lucrarse de estas emisiones fueron evidentemente irresponsables. En el peor de los casos, pudieron haber cometido fraude, malas prácticas financieras o negligencia, lo que justificaría reclamaciones financieras en su contra por parte del pueblo de Puerto Rico.

Hubo muchos bancos grandes que fungieron como suscriptores para los ofrecimientos, pero hay varios que se destacan por la forma en la que se beneficiaron, por sus relaciones de puertas giratorias, así como por su participación en otras emisiones que son dignas de investigarse también.

Barclays sirvió de suscriptor principal en las dos emisiones más grandes y como suscriptor en la tercera. Como se mencionó antes, una parte considerable de la emisión de 2014 se usó para pagar los BAN de COFINA que Barclays había adquirido originalmente.

En Puerto Rico fueron extensos los negocios con deuda municipal por parte de Barclays durante ese periodo, e involucraron una relación de puertas giratorias que no se había divulgado anteriormente. El director de su oficina de bonos municipales en Puerto Rico, Néstor De Jesús Pou, se unió a la junta del BGF poco después de la emisión de 2014, luego de renunciar a Barclays.²³ Poco después de haberse unido, en octubre de 2014, el BGF supervisó la emisión de $900 millones de bonos garantizados por el gobierno de Puerto Rico, y Barclays era parte del consorcio.²⁴ Este tipo de relaciones de puertas giratorias merecen un examen aún más profundo, ya que el dominio de Wall Street sobre las instituciones gubernamentales de Puerto Rico parece que ha jugado un papel fundamental en la explosión de la deuda.

Popular fungió como suscriptor en los tres ofrecimientos. Como se detalló antes, asesoró en contra de hacer la emisión del 2014 y aun así lo suscribió. Su relación cercana con la Junta de Control Fiscal es bien sabida, dado que el presidente de la Junta, José Carrión III, es primo del presidente ejecutivo de Popular, Richard Carrión. El padre de José, José Carrión II, fue accionista y miembro de la Junta de Directores de Popular.²⁵

Santander suscribió los tres ofrecimientos y tiene relaciones de puertas giratorias extensas con el BGF. Varios informes del grupo Hedge Clippers se adentran en el “esquema Santander”: la saga de puertas giratorias protagonizada por el miembro actual de la Junta de Control Fiscal, Carlos García, y por los hermanos Batlle. Este es uno de los ejemplos más preocupantes sobre el dominio de Wall Street de las instituciones de gobierno en Puerto Rico.²⁶ Juan Carlos Batlle fue presidente del BGF durante los ofrecimientos de bonos de 2012; tomó el mando después de García, quien nuevamente asumió un puesto en el banco.

Morgan Stanley cobró no solo las tarifas de suscripción, sino que también las penalidades por salida de los intercambios de activos tóxicos de los recaudos de dos de los bonos, tal y como se detalla antes: $24 millones en el caso de un bono de 2014 y una cantidad que no se ha divulgado en el caso del bono de abril de 2012.

UBS fue un suscriptor principal de la emisión de marzo de 2012 y, como se menciona anteriormente, cobró cargos por cancelación de intercambios de los recaudos de la emisión de abril de 2012.

UBS tiene una trayectoria larga en Puerto Rico que merece mucho más escrutinio e investigación. En su momento cumbre fue la empresa más grande de manejo de riquezas en la isla y sigue siendo un bonista importante. El año pasado un exejecutivo hizo públicas unas denuncias al banco por su papel en alimentar la crisis de la deuda de Puerto Rico.²⁷

UBS asesoró, suscribió y, mediante sus fondos, también compró en las tres controversiales emisiones de bonos que hizo la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) en 2008.²⁸ La estrategia financiera sugerida por UBS fue contraproducente y causó pérdidas de miles de millones de dólares. Estas transacciones se citan como el objeto de las posibles reclamaciones legales a las que hace referencia el informe final de Kobre & Kim.²⁹

Los bancos no son las únicas entidades que se beneficiaron de estas transacciones. También los bufetes de abogados se lucraron gracias a sus honorarios:

Greenberg Traurig sirvió de asesor de bonos en las tres transacciones y su papel fue certificar la validez legal de la deuda. Este gran bufete trabajó extensamente en Puerto Rico y también en cuanto a otros acuerdos de la deuda, en los que fungió como asesor de 12 emisiones de bonos (entre los que se incluían los tres mencionados) con un valor total de $9 mil millones.³⁰ Los documentos disponibles al público no revelan los honorarios del bufete para estos acuerdos.

El bufete también ha estado bastante activo en los procesos de reestructuración de la deuda de las corporaciones públicas de Puerto Rico y los casos de Título III. El bufete fue contratado en junio de 2017 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) y por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para que brindara servicios legales relacionados con la reestructuración operativa y financiera de la corporación. El contrato de la AAA tenía un valor de hasta $3 millones por un año de servicio.³¹ El bufete también había estado brindándole los mismos servicios desde 2017 a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y recientemente renovó su contrato hasta junio de 2019.³²

O’Neill & Borges es un bufete radicado en San Juan que también participó de cada acuerdo como asesor de los suscriptores. Ha sido el asesor legal local de la Junta de Control Fiscal desde el 2016.³³ Pedro Pierluisi, ex comisionado residente en Washington, y cuñado del presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, hace mucho que es miembro del bufete.³⁴

Costruyamos Otro Acuerdo

Este informe ha sido creado en colaboración con la campaña Costruyamos Otro Acuerdo que busca organizar a comunidades puertorriqueñas en torno a una justa recuperación para la isla a través de un proceso de reestructuración de deuda liderado democráticamente.

Endnotes

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