El asalto a las pensiones de Puerto Rico

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I. Introducción

El tiempo se está acabando para que las personas retiradas en Puerto Rico luchen por salvar sus pensiones: la Junta de Control Fiscal ha propuesto recortes que entrarían en vigor el primero de julio de 2019.¹ Si esos recortes sucediesen, cerca de 167,000 familias se afectarán al instante por este nuevo ataque contra las condiciones de vida de los puertorriqueños.² Los fondos buitre, mientras tanto, podrán llenar sus arcas con millones de dólares en ganancias a expensas del sufrimiento de miles de personas.

En vez de ayudar a que los jubilados puedan sustentar a sus familias, el dinero de los recortes a las pensiones lo usarán los multimillonarios de los fondos de cobertura para financiar sus estilos de vida extravagantes.

Sin embargo, las personas retiradas todavía pueden luchar y resistir si se movilizan contra el próximo acuerdo sobre la deuda del gobierno central, presionan a la legislatura para que vote en contra del proyecto de ley que permitiría la reestructuración y votando en contra del plan de ajuste de la deuda. Asimismo, si presionan a la jueza Laura Taylor Swain para que no apruebe este plan.

El contexto. La Junta de Control Fiscal está en medio de negociaciones en cuanto al plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico, la segunda porción más grande de deuda. Lo que está en juego es el Fondo General del gobierno central, del cual sale la mayoría de las asignaciones presupuestarias para las agencias, entre las que se incluyen las asignaciones para las pensiones. El financiamiento futuro del sistema de retiro estará por decidirse y, mientras más se les pague a los bonistas —específicamente a los bonistas de obligación general y del sistema de retiro—menos habrá para los pensionados.³

¿Deuda ilegal? El Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) recientemente cuestionó la legalidad de $3 mil millones en bonos de los sistemas de retiro en un asunto que todavía está por resolverse. El comité radicó una moción en la que pedía que la deuda se declarara nula e inválida, basándose en que el sistema no tenía la autoridad legal para emitir bonos.⁴ Esto se suma a los $6 mil millones de dólares en bonos de obligaciones generales que la Junta de Control Fiscal procura invalidar⁵ y que suscribieron grandes bancos como Barclays, UBS, Popular, Morgan Stanley y Santander.

Conflictos de interés. Una vez más —como en el caso de los exejecutivos de Santander que ahora son parte de la Junta de Control Fiscal— uno de los funcionarios de puertas giratorias que ayudó a causar la crisis de las pensiones también cumple con un papel protagónico en el proceso de la bancarrota. Este funcionario se llama Héctor Mayol y es uno de los abogados del Comité Oficial de Retirados (COR), que es el grupo que se designó para que representara los intereses de los retirados en el proceso de Título III. Como administrador de los sistemas de retiro desde el 2009 hasta 2013, impuso recortes graves a los beneficios de los retirados. Si esto no fuera poco, desde el sector financiero y antes de ser administrador de los sistemas de retiro, fue suscriptor de las emisiones controvertidas de bonos de los sistemas de retiro de $3 mil millones de dólares que ahora están en manos de varios fondos buitre agresivos. Esta deuda es una amenaza directa a las pensiones de los retirados y su legalidad se ha puesto en tela de juicio en los tribunales.⁶ Los cargos mencionados parecen entrar en conflicto con la capacidad que pueda tener Mayol de representar los mejores intereses de los retirados. En otras palabras, ¿cómo Mayol puede participar de la evaluación de los argumentos en cuanto a la legalidad de estos bonos si él mismo los endoso, vendió y compró? Hasta ahora, estos conflictos de intereses no han sido objeto de escrutinio.

Vale la pena señalar que los bonistas de la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) radicaron una moción para sacar al Comité de Acreedores No Asegurados de cualquier negociación sobre la deuda de la ASR. Han solicitado que el Comité Oficial de Retirados ocupe su lugar.⁷ Hasta la fecha de publicación de este informe el COR no se ha unido a solicitudes para declarar partes de la deuda ilegal, como los $6 billones en bonos de obligaciones generales que la Junta procura invalidar y los sobre $3 billones en bonos de la ASR antes mencionados.

Los fondos buitre se enriquecen. Existen dos grupos grandes de fondos buitre que están buscando beneficiarse de los recortes a las pensiones: aquellos que son dueños de bonos de obligaciones generales y aquellos que son dueños de bonos de la ASR. Varios nombres que nos son familiares son parte de las negociaciones, incluyendo a Canyon Capital, GoldenTree, Whitebox Advisors y Taconic Capital. Todos fueron actores clave en el diseño del plan de ajuste de la deuda de COFINA. Mason Capital, por su parte, ha triplicado sus inversiones en bonos de la ASR en los últimos dos años y también tiene una cantidad considerable de bonos de obligaciones generales.

II. Recortes profundos a las pensiones

Los recortes propuestos a las pensiones afectarán a tres sistemas de retiro: el Sistema de Retiro para Maestros (SRM), el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y la Administración de Sistemas de Retiro (ASR). Los tres son operados por el gobierno central y recogen, de manera correspondiente, a 42,000, 470 y 125,000 empleados(as) retirados(as)(con 80,000, 840 y 245,000 beneficiarios(as), si se añaden los empleados(as) activos).⁸ En mayo de 2017, la Junta de Control Fiscal radicó un recurso de quiebra para la ASR bajo el Título III de la ley federal PROMESA.

Los(as) participantes de estos tres sistemas aportaron una parte de sus salarios durante los años de servicio público . No obstante, el mal manejo por parte del gobierno y el enriquecimiento de Wall Street con la deuda han tenido un efecto devastador en los sistemas de retiro. Ahora, como resultado, los fondos buitre están en posición de continuar el saqueo de los fondos de las pensiones.

El gobierno ha fallado constantemente en hacer sus aportaciones patronales y financiar a cabalidad el sistema de retiro y, en vez de ello, año tras año les ha acumulado deudas a los(as) beneficiarios(as) .⁹ En cuanto al caso de la ASR, para traerle dinero al sistema se hicieron tres emisiones de bonos en el 2008 —mientras Wall Street se sumergía en una crisis financiera histórica— para ayudar a estabilizar al sistema agonizante. Esto solo hizo que las cosas se pusieran peores y el resultado fue que miles de millones de dólares en deudas ahora son propiedad de los fondos buitre.

La Junta de Control Fiscal contempla un promedio de 10% de reducción en las pensiones, dependiendo de los ingresos de cada beneficiario. Para que la Junta logre esto deberá someter y aprobar primero el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Como parte de ese plan de ajuste, también hará falta un proyecto de ley de la rama legislativa y un proceso de votación en el cual todos los acreedores que tengan reclamaciones afectadas contra el gobierno central pueden participar. Finalmente, la jueza federal que supervisa el proceso, Laura Taylor Swain, tendrá la última palabra de si se aprueba o no el plan. A continuación, se presenta una tabla con la relación de la reducción de los beneficios:¹⁰

Tabla: Distribución de Recortes

Sucede que, si se imponen los recortes, tres de cada cuatro retirados (que representan a alrededor de 125,000 familias) sufrirán inmediatamente reducciones en sus ingresos quincenales. Pero todo esto dependerá del resultado de las negociaciones actuales, así que estos recortes podrán o bien detenerse por las movilizaciones de los retirados o, por el contrario, profundizarse aun más.

Las deudas de los tres sistemas de retiro son sorprendentes: 1) ASR – $38 mil millones (más $3 mil millones en deuda de los bonos), 2) SRM – $18 mil millones y 3) SRJ – $700 millones.¹¹ En el caso de la ASR, la deuda en bonos le añade un mayor peso a su situación crítica. No obstante, esto dependerá de la decisión que tomen los tribunales en cuanto a la legalidad de estos. Si se declaran nulos e inválidos, se elimina esa deuda y, por tanto, habrá más fondos para las pensiones.

La disparidad en las condiciones de vida entre los grupos que reclaman el dinero de las pensiones es dramática: mientras que para los fondos buitre los ingresos de los bonos significan ganancias significativas, para los retirados sus pensiones son su principal y única fuente de ingresos en un país en el que un 44% de la población vive bajo los niveles federales de pobreza.¹²

III. El ataque de los fondos buitre

Existen dos grupos de fondos buitre que están posicionados para beneficiarse de los recortes a las pensiones de los retirados: aquellos que son dueños de bonos de obligaciones generales y aquellos que son dueños de bonos de las pensiones de la ASR. Nuevamente, ambos grupos tienen interés en recortar las pensiones lo más que puedan, ya que pagar menos a los jubilados que ingresaron al sistema libera más dinero para pagarle a los fondos buitre.

Los bonistas de obligaciones generales ahora están organizados en cuatro coaliciones: el Grupo del Gobierno de Puerto Rico (Commonwealth Group), el Grupo de la Deuda Constitucional (Constitutional Group), el Grupo de la Deuda de Obligaciones Generales (General Obligations Group) y el Grupo de la Deuda Constitucional Legítima (Lawful Constitutional Group). La tabla a continuación muestra cada inversión de los fondos en deuda de obligación general y quiénes pertenecen a qué grupos.

Tabla: Los fondos y sus inversiones en los bonos de obligaciones generales¹³

Canyon Capital, GoldenTree, Whitebox Advisors y Taconic Capital fueron piezas clave en las negociaciones que llevaron a que se aprobara el plan de ajuste de la deuda de COFINA. Estos han estado incrementando sus inversiones en el gobierno de Puerto Rico de manera consistente en los últimos meses. El grupo de la deuda constitucional legítima contrató a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan como asesores legales. Esta fue la misma firma de abogados que representó a los fondos buitre en las negociaciones de COFINA.

Los más de $3 mil millones en deuda de los bonos de ASR también le pertenecen, en gran parte, a los fondos de cobertura. Estos se organizaron como el grupo de acreedores asegurados de ASR y representan la coalición principal de bonistas aliados durante el proceso de quiebra del sistema de pensiones. Además, los bonistas de los fondos gestionados por UBS (conocidos formalmente como los fondos de Puerto Rico) son dueños de una porción considerable de esta deuda. Debe resaltarse que UBS también es el dueño más grande de dichos bonos. A continuación, se presenta una tabla con sus inversiones en bonos de la ASR:

Tabla: Los fondos y sus inversiones en los bonos de la ASR¹⁴

En el caso de los fondos de cobertura, estos le sacaron partido a la crisis de la deuda de Puerto Rico y a la degradación de su crédito en 2014 para comprar bonos de la ASR por una centavería. Ahora están usando sus extensos recursos económicos para batallar en las cortes para que se les pague la mayor cantidad posible.

Recientemente los fondos buitre sometieron una demanda en los tribunales para pedir que a la ASR se le declarara bajo sindicatura¹⁶, alegando que la Junta de Control Fiscal tiene conflictos de interés a la hora de representar a la ASR y al gobierno central, ya que este último le debe al sistema de retiro miles de millones de dólares.¹⁷ A pesar de esto, algunos días después los bonistas y la Junta de Control Fiscal llegaron a un acuerdo: la Junta de Control Fiscal solicitó una extensión de la fecha límite para las reclamaciones contra el gobierno central y los fondos de cobertura retiraron la petición de sindicatura.¹⁸

Aunque algunos fondos de cobertura han estado reduciendo sus inversiones en la ASR, Mason Capital se ha destacado por ser un comprador agresivo desde que comenzó el proceso de quiebra. Los registros de los tribunales muestran que Mason Capital ha triplicado su inversión en bonos de la ASR de agosto de 2017 a febrero de 2019, para un total de $439.6 millones en tenencias.¹⁹ Como se muestra arriba, Mason también tiene una tajada significativa de bonos del gobierno de Puerto Rico, con más de $468 millones en tenencias, lo que demuestra que tiene una posición ventajosa en las negociaciones, ya que es tanto bonista del gobierno como bonista de la ASR. En total, Mason es dueño de $907 millones de deuda de la ASR y de obligaciones generales.

UBS también ha sido parte de estas embestidas legales. Irónicamente, UBS fue una de las figuras clave involucradas en las tres emisiones de deuda controvertidas del 2008. Mediante el uso abusivo de la exclusión de la Ley Federal de Compañías Inversoras de 1940 (Investment Company Act), el banco no solo fungió como asesor de la transacción, sino que también fue el suscriptor principal de todas las emisiones. Después las vendió a sus propios clientes a través de fondos gestionados: los mismos fondos que ahora participan de los procedimientos jurídicos junto con los fondos de cobertura.²⁰

UBS, junto con el resto de los suscriptores, ganó alrededor de $35 millones en estas tres emisiones de bonos.²¹

Por otra parte, se reveló en una investigación de la rama legislativa que el presidente del Banco Gubernamental de Fomento en ese momento, Jorge Irizarry Herrans, presidió el comité de inversiones de la ASR, puesto desde el cual se reunió con asesores de UBS, entre los que se destaca el funcionario de UBS Juan Guillermo Herrans Barreras, con el que Irizarry Herrans sostiene vínculos familiares.²²

En la actualidad Irizarry Herrans es el director ejecutivo de Bonistas del Patio, una organización sin fines de lucro que favorece a Wall Street y que dice representar a los bonistas locales en los casos de Título III. Este grupo ha estado en una campaña muy activa a favor de los acuerdos de reestructuración negociados por la Junta de Control Fiscal con los fondos buitre, entre los que se incluye el acuerdo COFINA. Casualmente, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) procuró pagarle al grupo $7 millones con fondos públicos para servicios que no se especificaron adecuadamente, una movida que retó el Comité de Acreedores No Asegurados.²³ Este asunto está todavía por resolverse en los tribunales.

IV. De vendedor de bonos a abogado oficial de los retirados: los conflictos de intereses de Héctor Mayol

A medida que los fondos buitre sobrevuelan las pensiones que están al borde del abismo, los retirados necesitan una representación legal sólida en el proceso de Título III. Sin embargo, uno de sus abogados principales, Héctor Mayol, tiene graves conflictos de intereses, ya que asumió un papel significativo en el desarrollo de la crisis actual. Su desempeño continuo en ella amenaza con socavar la integridad del proceso.

Los retirados tienen una representación legal en los casos de Título III mediante el Comité Oficial de Retirados. Este comité es uno de los dos que designó el Síndico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (el otro es el Comité de Acreedores No Asegurados) para representar a los pensionados en la quiebra de Puerto Rico. Todos sus gastos, incluyendo la representación legal y la asesoría financiera, se pagan con fondos públicos de Puerto Rico. Desde que comenzó la quiebra, el Comité Oficial de Retirados contrató a Bennazar, García & Milián como representantes legales, donde Mayol trabaja como uno de sus abogados.²⁴

Durante la pasada década, Mayol ha ocupado un papel protagónico en todo aquello que tenga que ver con las pensiones en Puerto Rico. Desde el sector privado financiero, fue suscriptor de los bonos que emitió la Administración de los Sistemas de Retiro en 2008 y después pasó al sector público y se convirtió en administrador de la ASR de 2009 a 2013, posición desde la cual impuso fuertes recortes a los beneficios de los jubilados. Ahora es uno de los abogados del Comité Oficial de Retirados que representa a los pensionados en el proceso de quiebra bajo Título III de PROMESA (de 2017 al presente).

Mayol estuvo involucrado en las emisiones de bonos de la ASR en el 2008 como director gerencial de la firma de inversiones Samuel A. Ramírez & Co., que lo reclutó en algún momento del 2005.²⁵ En 2008, la ASR hizo tres emisiones de bonos que sumaron poco más de $3 mil millones en un esfuerzo para compensar por las aportaciones del patrono al sistema de retiro que no se cumplieron por décadas. Esta estrategia fue desastrosa y, por el contrario, exacerbó la crisis. Samuel A. Ramírez & Co. suscribió dos de estas emisiones.²⁶ De acuerdo con una fuente noticiosa, Mayol fue uno de los firmantes del acuerdo.²⁷ Asimismo, en una entrevista de 2013, y mientras todavía era administrador de la ASR, Mayol confirmó que compró “como 50 mil de esos bonos, que los tengo todavía en mi cartera y exhorto a todos los que los quieran comprar que los compren porque es una magnifica inversión”.²⁸

El término de Mayol como administrador de los fondos de pensiones comenzó en 2009, cuando el exgobernador Luis Fortuño lo nombró para que dirigiera tanto la ASR como el Sistema de Retiro de Maestros. Ocupó el cargo hasta agosto de 2013, seis meses después de que comenzara la administración de Alejandro García Padilla. Una de sus decisiones más polarizadoras fue promover la Ley 3 de 2013, una reforma de pensiones avasalladora que recortó beneficios de manera retroactiva y aumentó la edad de retiro. Como resultado, hubo protestas para exigir su renuncia.²⁹

En septiembre de 2011, y como respuesta a un informe por la firma de consultores Conway Mackenzie sobre las causas que condujeron a la situación grave de la ASR, un grupo de retirados radicó una demanda de clase contra varios de los suscriptores y los síndicos que las autorizaron, incluyendo a Mayol, en la que hacen referencia a sus fallas a la hora de tomar acciones legales contra aquellos que son los responsables por las transacciones controvertidas.³⁰ Los motivos de la demanda fueron la violación de deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños.³¹

En septiembre de 2016, la ASR se unió formalmente a la demanda como demandante.³² Los acusados restantes eran tres bancos y una persona: UBS, Santander, Samuel A. Ramírez & Co. y Héctor Mayol. La demanda decía que Mayol, como administrador del sistema, les ocultó los hallazgos del informe de Conway Mackenzie a la Junta de Síndicos de la ASR, mintió en una reunión de síndicos sobre una opinión legal que no existe sobre el secretario de Justicia de Puerto Rico de aquel momento, y tenía un conflicto de intereses serio debido a que era parte de Samuel A. Ramírez & Co. cuando se hizo la transacción.³³ No obstante, Mayol ya no es parte de los demandados después de que, aparentemente, lograra un acuerdo con los demandantes.

El papel de Mayol en estas emisiones de bonos controvertidas causa serias preocupaciones y deberían descalificarlo como representante de los retirados en los procesos judiciales del Título III. ¿Cómo puede el Comité Oficial de Retirados cuestionar la legalidad de estos bonos de la ASR si uno de sus abogados es un suscriptor de estos mismos bonos?

Para la fecha del 18 de marzo de 2019, Bennazar, García & Milián han recibido una compensación total por sus servicios legales de más de $1 millón desde que comenzó la quiebra. Mayol cobra $375 por hora.³⁴ Todos los pagos provienen de fondos públicos del gobierno de Puerto Rico.

V. ¿A dónde van las ganancias? A sostener estilos lujosos de vida.

Si se aprueban los recortes a las pensiones que se han propuesto, el dinero que debería permanecer en los bolsillos de los jubilados para su vejez y que puedan hacerse cargo de sus familias terminará financiando los estilos lujosos de vida y los gustos excéntricos de los ejecutivos de los fondos buitre.

Mason Capital

El director y cofundador de Mason Capital, Kenneth Garschina, es un multimillonario que usa su fortuna para financiar un grupo de trabajo (think tank) antiobrero que también publica artículos racistas de extrema derecha, todo mientras le regala a su familia una vida repleta de una variedad increíble de lujos y extravagancias.

Garschina es miembro de la junta de síndicos del Manhattan Institute, un think thank o grupo de trabajo conservador ubicado en la ciudad de Nueva York y que es financiado por varios gestores prominentes de fondos de cobertura. A esta organización se le conoce por fomentar recortes al gasto público y a las pensiones.³⁵ La revista del grupo, llamada City Journal, de manera habitual publica artículos racistas e islamófobos, entre los que se destaca uno reciente en respuesta a la masacre en Christchurch, Nueva Zelanda, en el que se aseguraba que la obsesión del asesino con la inmigración de musulmanes al país era una “preocupación legítima”.³⁶

Garschina está casado con Sara Story, una diseñadora de interiores del estado de Texas. Varios de los proyectos de diseño que se muestran en su sitio web parecen ser de sus propias casas.³⁷

La pareja vive rodeada de opulencia. Tienen una hacienda de 500 acres llamada SK Ranch en la región Hill Country del estado de Texas.³⁸ La hacienda cuenta con una mansión de siete habitaciones y una cancha de tenis con un pabellón cuyo techo es de madera de cedro. La mansión también tiene paredes de yeso de crin de caballo y una piscina infinita (inifinity pool) con su propia casa de cristal. En la hacienda habitan llamas, ovejas, pavos, pecaríes y ciervos de cola blanca.

Garschina y Story también tienen un townhouse en la zona exclusiva de Gramercy Park, en la ciudad de Nueva York, donde con regularidad hacen banquetes en los que decoran con velas de mil dólares, sirven platos de $300 y gastan $250 en flores para cada invitado.³⁹ A la familia también le encanta jugar polo sobre elefantes en Tailandia.⁴⁰

Pueden pagar por todo esto en parte gracias a que Garchina devenga una gran cantidad de dinero de Mason Capital. Aunque su compensación no está disponible al público, es dueño de entre un 50 a un 75% de las acciones de la firma.⁴¹ Con casi $3 mil millones de activos bajo su gestión y con tarifas considerables por el manejo y cuotas de rendimiento, la hacienda y el townhouse lujoso probablemente solo representen una pequeña parte de su valor neto promedio.⁴²

Canyon Capital Advisors

Otro ejemplo de los excesos de Wall Street que subvencionarán los recortes de las pensiones de Puerto Rico se evidencia en el fundador y principal de Canyon Capital, Joshua Friedman. Canyon tiene más de $680 millones en bonos de obligaciones generales, lo que les convierte en uno de los actores clave en las negociaciones en curso. Para noviembre de 2018, el fondo de cobertura también tenía más de $250 millones de dólares en bonos de COFINA, de los que probablemente recaudó unos $93,5 millones en ganancias luego de que se aprobara el plan de ajuste de la deuda de COFINA.⁴³ Friedman pertenece a varias juntas de síndicos, entre las que se encuentran la del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA, por sus siglas en inglés), el California Institute of Technology y la Fundación Andrew W. Mellon.⁴⁴

El valor neto de Friedman posiblemente sea incluso mayor que el de Garschina. En conjunto con su esposa, Beth Friedman, poseen varios fideicomisos que tienen poder de control sobre la compañía, que tiene alrededor de $22.4 mil millones de activos bajo su manejo.⁴⁵

Friedman tiene una mansión en Montecito, en el condado de Santa Bárbara del estado de California,⁴⁶ que para 2018 tenía un valor activo de $24 millones.⁴⁷ La propiedad de siete habitaciones y seis baños tiene dos garajes que miden 882 y 994 pies, respectivamente, una pérgola de 666 pies al lado de la piscina, una casa de huéspedes y un estudio.⁴⁸

VI. Los jubilados pueden contraatacar

Los empleados(as) públicos pensionados pueden combatir estas medidas durante el comienzo del proceso de restructuración que se avecina. Además de organizar movilizaciones y protestas, existen tres maneras en las que pueden hacer valer su voz.

Los retirados pueden y deben presionar al Comité Oficial de Retirados.⁴⁹ Sus miembros son personas jubiladas del sector público que designa el Síndico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es el programa que supervisa todos los casos de quiebra.⁵⁰ El Comité tiene un deber fiduciario de representar los mejores intereses de todos los jubilados del sistema público de Puerto Rico.

Los retirados deben exigirle a este comité que asuma responsabilidad por las acciones que tomó o que dejó de tomar. Cuando otras partes, como el Comité de Acreedores No Asegurados o la AAFAF —o incluso la Junta de Supervisión Fiscal— han retado la legalidad de los bonos para liberar recursos significativos que paguen por las pensiones de los retirados, el Comité Oficial de Retirados no se ha unido a estos esfuerzos. Este es el caso con los $6 mil millones en bonos de obligaciones generales que el Comité de Acreedores No Asegurados y la Junta de Control Fiscal solicitaron que se declarara nula e inválida en enero de 2019. Es incluso más preocupante el hecho de que el Comité Oficial de Retirados no se ha unido a la moción del Comité de Acreedores No Asegurados que se menciona anteriormente que declararía nulos e inválidos los $3 mil millones en bonos de la ASR que amenazan de manera directa al sistema de retiro.

El Comité debe rendir cuentas por contratar a un abogado con tantos conflictos de intereses como Mayol.

Por otra parte, el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico —en el que se decidirían los recortes a las pensiones—necesitará que la rama legislativa de Puerto Rico apruebe un paquete de medidas como una condición antes de que se autorice cualquier acuerdo de reestructuración. Esto significa que los retirados pueden presionar a sus representantes para que voten en contra de cualquier plan de ajuste que pudiera representar recortes a las pensiones.

Además, el plan de ajuste de la deuda deberá aprobarse mediante un proceso de votación en el que todos los acreedores con reclamaciones afectadas⁵¹ —desde los bonistas hasta los trabajadores del sector público y los jubilados—pueden participar. Este no es un proceso completamente democrático ya que solo pueden participar los acreedores cuyas reclamaciones se hayan reconocido formalmente como afectadas. A pesar de que la balanza del voto se inclina parcialmente a favor de los acreedores que tienen más deuda, como sería el caso de los fondos buitre con tenencias masivas, el proceso de votación también requerirá de un voto de mayoría simple por parte de los acreedores, independientemente del valor de su tenencia de la deuda. Los jubilados deben usar esta oportunidad y conseguir la mayor cantidad de votos que puedan, ya que no existen fondos suficientes con la capacidad de movilizar a ninguna parte que tenga la misma cantidad de acreedores individuales que los participantes de los sistemas de retiro. Los retirados que viven en los Estados Unidos también pueden votar.

En el proceso de votación los acreedores estarán organizados por grupos según la deuda o las reclamaciones que tengan. Para prevalecer en cada grupo, el plan de ajuste de la deuda deberá lograr dos cosas: 1) una mayoría simple (50+1) de los votos individuales contados y 2) una mayoría de dos terceras partes del total de tenencia de la deuda del grupo.⁵² Sin embargo, solo hace falta que un grupo logre ambas cosas para poder darle el poder a la Junta de Control Fiscal de que le solicite a la jueza que apruebe el plan y que este se imponga sobre otros grupos en un proceso que se conoce como cramdown.⁵³

Detener los recortes a las pensiones es posible. Divulgar información confiable y precisa sobre lo que está sucediendo es algo indispensable en esta lucha. Con organización y acciones estratégicas los jubilados tienen la posibilidad de detener esta imposición tan injusta y perjudicial para el pueblo de Puerto Rico.

Endnotes

¹ See page 124: https://drive.google.com/file/d/17ca0ALe7vpYn0jEzTz3RfykpsFSM0ujK/view
² Summing up all retirees of the three systems (not counting active employees): https://drive.google.com/file/d/1Jz1f_rhVTtVfboPL0-AopCWyuJK8d3zV/view
³ General obligation bonds are bonds backed by the credit and taxing power of the state.
⁴ https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA2MDEw&id2=0
⁵ https://public-accountability.org/report/six-billion-reasons-to-go-after-the-banks/
⁶ https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA2MDEw&id2=0
⁷ https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA4NTA2&id2=0
⁸ https://drive.google.com/file/d/1Jz1f_rhVTtVfboPL0-AopCWyuJK8d3zV/view
⁹ Page 3: https://www.documentcloud.org/documents/5743763-Conway-Mackenzie-ERS.html
¹⁰ Pages 122-123: https://drive.google.com/file/d/17ca0ALe7vpYn0jEzTz3RfykpsFSM0ujK/view
¹¹ Page 118: https://drive.google.com/file/d/17ca0ALe7vpYn0jEzTz3RfykpsFSM0ujK/view
¹² https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/pr/IPE120217
¹³ Commonwealth Group: https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA1NDQw&id2=0, Constitutional Group: https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTAyODM3&id2=0, GO Group: https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA1NDUx&id2=0, Lawful Constitutional Group: https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA2Nzcw&id2=0
¹⁴ https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA0MzMy&id2=0
¹⁵ https://www.ubs.com/us/en/wealth/misc/puertoricofunds.html
¹⁶ In a bankruptcy process, a receivership means that the court appoints a person or an independent entity to manage the assets in controversy.

¹⁷ https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA0MTcw&id2=0
¹⁸ Deadline extension: https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA0Nzc5&id2=0, withdrawal: https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA0ODI2&id2=0
¹⁹ https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=NzAxMjEz&id2=0
²⁰ https://www.cnbc.com/2017/12/18/the-77-year-old-loophole-that-created-puerto-ricos-unique-market.html
²¹ See “Use of Proceeds” section: Here, https://emma.msrb.org/MD533965.pdf ; here https://emma.msrb.org/MS621276.pdf ; and here https://emma.msrb.org/MD507511.pdf
²² Page 34: http://www.oslpr.org/2009-2012/%7B1CC606BA-2BE8-4073-90F5-79783099B36A%7D.doc ; press coverage: https://www.noticel.com/economia/aceptan-doble-movida-de-ubs/664831104
²³ AAFAF’s request: https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTAzNzQ4&id2=0 ; UCC opposition: https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTAzNzc0&id2=0
²⁴ https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=NjU1MjU0&id2=0
²⁵ http://www.puertorico-herald.org/issues2/2005/vol09n26/CBSecuritiesFrm.html
²⁶ These two issuances: http://www.retiro.pr.gov/wp-content/uploads/PensionBondsOS-Jan08-final.pdf ; and http://www.retiro.pr.gov/wp-content/uploads/ERSSeniorPensionFundingBonds-SeriesC_000.pdf
²⁷ https://www.noticel.com/ahora/jefe-de-retiro-vendi-los-mismos-bonos-que-jorobaron-la-agencia/608592437
²⁸ Original: “como 50 mil de esos bonos, que los tengo todavía en mi cartera y exhorto a todos lo que lo quieran comprar que los compren porque es una magnifica inversión”: https://www.noticel.com/ahora/mayol-invita-a-invertir-en-el-prcticamente-quebrado-sistema-de-retiro/608020244
²⁹ https://www.noticel.com/ahora/quotla-protesta-que-es-frente-a-ubsquot-galera_2017082206183131/608443361 ; https://www.wapa.tv/noticias/locales/empleados-publicos-se-manifiestan-contra-agp_20130411192837.html
³⁰ Report here: https://www.documentcloud.org/documents/5743763-Conway-Mackenzie-ERS.html
³¹ Case number K AC2011-1067
³² http://sincomillas.com/la-administracion-de-retiro-demanda-ubs/
³³ http://www.ramajudicial.pr/ta/2017/KLCE201700991-30062017.pdf
³⁴ https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA2Nzg2&id2=0
³⁵ https://www.manhattan-institute.org/board-of-trustees
³⁶ https://www.city-journal.org/new-zealand-massacre ; the Manhattan Institute reacted to a Littlesis article critiquing this. See: https://news.littlesis.org/2019/03/19/hedge-fund-backed-think-tank-manhattan-institute-publishes-blog-post-sympathizing-with-killer-the-day-after-christchurch-terror-attack/
³⁷ http://www.sarastorydesign.com
³⁸ https://www.papercitymag.com/real-estate/the-story-of-sara/ and
³⁹ https://www.harpersbazaar.com/culture/interiors-entertaining/g10263056/sara-story-stylish-dining-tips/
⁴⁰ https://myemail.constantcontact.com/The-Elephant-Story-Blog-Update–The-Third-Annual-Elephant-Story-Invitational-Elephant-Polo-Tournament–June-16-18-Moo-Baan-Chang.html?soid=1111568351599&aid=jmh3FP6gGMQ
⁴¹ https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_PK=158797&FLNG_PK=008CBC2A0008019D00E9C3C101627281056C8CC0
⁴² https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvAdvisoryBusinessSection.aspx?ORG_PK=158797&FLNG_PK=008CBC2A0008019D00E9C3C101627281056C8CC0
⁴³ https://news.littlesis.org/2018/11/20/the-cofina-agreement-part-2-profits-for-the-few/
⁴⁴ LACMA: http://www.lacma.org/about#leadership ; California Institute of Technology: http://bot.caltech.edu/trustees ; the Andrew W. Mellon Foundation: https://mellon.org/about/trustees/
⁴⁵ Assets under management: https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvAdvisoryBusinessSection.aspx?ORG_PK=107922&FLNG_PK=02D8CF0A0008019D0395F80101694A11056C8CC0 ; Ownership: https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleBSection.aspx?ORG_PK=107922&FLNG_PK=02D8CF0A0008019D0395F80101694A11056C8CC0
⁴⁶ https://pagesix.com/2014/08/29/hedgie-making-neighbors-angry-with-constant-construction/
⁴⁷ http://sbcassessor.com/assessor/details.aspx?apn=007100007
⁴⁸ Note Beth Friedman’s name and property information in the first document and compare with the second document: http://sbcountyplanning.org/PDF/boards/subdivis/05-15-2014/05-15-14%20%20SDRC%20SPC%20Agenda.pdf ; and http://sbcountyplanning.org/PDF/boards/mbar/08-13-2012/8-13-12.pdf
⁴⁹Website: https://www.porturetiro.com/home.html ; FB: https://www.facebook.com/CORpuertorico/
⁵⁰ https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/1102
⁵¹ Section 301 of PROMESA allows the application of section 1126(c) of the US Bankruptcy Code: See: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/1126
⁵²La sección 301 de la ley PROMESA permite la aplicación de la sección 1126(c) del Código de Bancarrota de los Estados Unidos. Véase: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/1126

⁵³La sección 301 de la ley PROMESA permite la aplicación de la sección 1129(b) del Código de Bancarrota de los Estados Unidos. Véase: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/1129