Tribunal Federal en Puerto Rico (Foto por Dennis Rivera – Centro de Periodismo Investigativo)
Una serie de victorias significativas ha sido lograda por activistas y organizaciones que buscan auditar la deuda. Recientemente la Junta de Control Fiscal radicó sobre 250 demandas contra bancos, bonistas y compañías que pudieron haber violado leyes federales y de Puerto Rico. Las demandas incluyen a los bancos suscriptores de la alegada deuda ilegal que, desde enero pasado, ha sido impugnada por diferentes partes, incluida la Junta de Control Fiscal.
La suerte de alrededor de $13.5 mil millones en bonos está en manos de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside la corte federal que supervisa los casos de bancarrota del Título III de PROMESA. Sin embargo, cuando tomamos en consideración los intereses que Puerto Rico tendría que pagar por esta deuda, el número aumenta a sobre $29 mil millones.
Las demandas incluyen transacciones relacionadas a cuatro entidades públicas: el gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Se podrían recuperar hasta $5.7 mil millones a través de esta ofensiva legal.
Puerto Rico tiene una deuda total en bonos de $74 mil millones que lo ha mantenido en un estado de crisis continua. Wall Street y los grandes bancos se han beneficiado de la creación de esta deuda. Por otro lado, Puerto Rico se ha enfrentado a ronda tras ronda de austeridad, incluida el cierre de cientos de escuelas públicas y el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico. La lucha contra la deuda es una lucha por la justicia en el país y la rendición de cuentas de los responsables de la crisis.
La exigencia de una auditoría integral de la deuda lleva ya 5 años. Si bien esto no es una auditoría completa, representa un importante paso adelante para responsabilizar a algunas de las instituciones que ayudaron a crear la crisis de la deuda.
Algunos desarrollos positivos recientes son:
- Retos a $13.5 mil millones en deuda ilegal. Diferentes partes están retando hasta $13.5 mil millones en bonos en el tribunal. Esto incluye los bonos del gobierno central, de la AEP y de la ASR. Si sumamos los intereses que el gobierno todavía tendría que pagar por esta deuda, la deuda retada aumenta a más de $29 mil millones.
- $1.4 mil millones en reclamaciones contra bancos y bonistas. Un total de 18 bancos y una firma de abogados fueron demandados por participar en la suscripción de los bonos impugnados. De manera similar, los bonistas que poseen más de $2.5 millones en bonos impugnados de obligaciones generales y de la ASR también fueron demandados en un esfuerzo por recuperar fondos públicos transferidos ilegalmente como pagos por deuda emitida en violación de la ley.
- Más de $4.3 mil millones en pagos a suplidores del gobierno podrían recuperarse si no cumplieron con la ley. Alrededor de 250 suplidores del gobierno central, de la ACT y de la ASR fueron demandados porque sus contratos no están registrados en la Oficina del Contralor, como lo exige la ley, o porque sus pagos excedieron lo estipulado en sus contratos.
- Bajo presión, el Comité Oficial de Retirados (COR) se une al esfuerzo por declarar ilegales $3 mil millones de bonos de la ASR. Como se informó anteriormente por el Public Accountability Initiative (PAI), el COR no se había unido a los esfuerzos para declarar ilegales más de $3 mil millones en bonos de la ASR. Sin embargo, varias horas después de la publicación del informe “El Asalto a las Pensiones de Puerto Rico“, que resaltó los conflictos de intereses del abogado del COR, Héctor Mayol, el Comité presentó una moción para cuestionar la legalidad de los bonos de la ASR.
Miles de millones en deuda impugnados en la corte
Las cosas se están calentando en el tribunal a medida que se cuestiona más deuda. En particular, tres grupos de emisiones de bonos están siendo cuestionados por diferentes partes, incluida la Junta, el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA), el COR y varios fondos buitre:
- Tres emisiones de bonos de obligaciones generales (GO’s, por sus siglas en inglés) por alrededor de $6.2 mil millones por violar el límite constitucional de la deuda. La moción fue presentada en enero pasado por la Junta y por el CANA. Su argumento central es que la AEP es una estructura falsa (sham structure) creada para eludir el límite constitucional de la deuda y, por lo tanto, sus deudas también son obligaciones directas del gobierno central. Por ende, los bonos de la AEP deben incluirse en el cálculo del límite de deuda. Si es así, todas las emisiones de bonos de obligaciones generales después de marzo de 2012 son ilegales.
Como consecuencia de este desafío, en febrero, un grupo de fondos buitre que tienen bonos GO’s anteriores al 2012 se organizaron en el Grupo de la Deuda Constitucional Legítima, y se unieron a los esfuerzos para declarar esta deuda nula e inválida. Este grupo está compuesto por fondos de cobertura que fueron actores clave en el plan de ajuste de deuda de COFINA. Además, una aseguradora de bonos, Ambac Assurance, también se unió a la impugnación.
Una coalición de fondos buitre que posee varios de estos bonos, llamado el Grupo de la Deuda de Obligaciones Generales, se opone a la objeción de estos bonos al afirmar que la Junta y el CANA fueron selectivos en su razonamiento. El grupo dice que si los argumentos en contra de la estructura de la AEP son ciertos, entonces las emisiones de GO ilegales son las realizadas entre 2009 y 2011, no los bonos emitidos después de 2012. Por su cuenta, entonces, nueve emisiones de bonos GO son ilegales, por un total de más de $2 mil millones. Lo mismo puede decirse de los bonos de la AEP, como se verá a continuación.
Recientemente, el CANA presentó otra moción objetando la validez de $1 mil millones de bonos GO’s, alegando que también violaron el límite constitucional de la deuda. Las cuatro emisiones de bonos GO son de 2011 y están todas incluidas en la objeción planteada por el Grupo de la Deuda de Obligaciones Generales.
En total, alrededor de $8.2 mil millones en bonos GO’s están siendo impugnados.
- Alrededor de $2.3 mil millones en bonos de la AEP porque violaron el límite constitucional de la deuda. Nuevamente, la objeción mencionada por el Grupo de la Deuda de Obligaciones Generales sostiene que si los argumentos en contra de la estructura de la AEP son ciertos, entonces siete emisiones de bonos de la AEP violaron el límite constitucional de la deuda (2009, 2011-2012), totalizando alrededor de $2.3 mil millones. Este grupo está compuesto actualmente por solo dos fondos buitre, Autonomy y Aurelius. Este último es una de las partes que impugnó con éxito la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta.
- Más de $3 mil millones en bonos de la ASR, alegando que la ASR no tenía la autoridad legal para emitir bonos. La moción fue presentada en marzo por el CANA. En un paso interesante y positivo, horas después de la publicación de un informe del PAI que denunciaba los conflictos de intereses de uno de sus abogados, Héctor Mayol, el COR se unió a los esfuerzos para declarar ilegales los más de $3 mil millones en bonos de la ASR. Mayol, entonces, se encuentra en la incómoda posición de cuestionar los bonos que él personalmente suscribió a través de la firma de inversiones Ramírez & Co. (Samuel A. Ramírez & Co.). Ramirez & Co. es uno de los bancos demandados por la Junta de Control Fiscal por, entre otras cosas, suscribir los controvertidos bonos de la ASR.
El gobierno de Puerto Rico dejó de pagar estas deudas en 2016, cuando PROMESA fue aprobada por el Congreso. Si tomamos en consideración los intereses que aún deben pagarse por estos bonos en los próximos 40 años, la deuda impugnada aumenta dramáticamente:
- GO’s: $17 mil millones
- AEP: $3.9 mil millones
- ASR: $8.2 mil millones
- Total: $29.1 mil millones
Estos números fueron obtenidos de las declaraciones de oferta de las emisiones de bonos en cuestión, específicamente de la tabla de requisitos del servicio a la deuda. Todo este dinero podría ser utilizado para costear servicios esenciales y para el pago de pensiones.
Demandas por doquier
Dos años después del comienzo de los casos de bancarrota del Título III, justo cuando estaba por expirar el plazo para las reclamaciones por transacciones fraudulentas (“avoidance actions”, según el Código de Bancarrota), la Junta de Control Fiscal radicó más de 250 demandas para recuperar dinero que se gastó a través de pagos que entraron en conflicto con el Código de Bancarrota de Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.
Las demandas se pueden organizar en tres grupos:
- Suplidores gubernamentales que brindaron servicios al gobierno central, a la ASR y a la ACT en los últimos cuatro años. Específicamente, más de 230 suplidores gubernamentales que facturaron más de $2.5 millones y cuyos contratos no están registrados en la Oficina del Contralor (según lo exigen las leyes de Puerto Rico) o cuyos pagos excedieron lo estipulado en el contrato. La Junta dice que asegurará que alrededor de $4.2 mil millones en pagos del gobierno central se hayan gastado de manera apropiada, y si no, deberán recuperarse. Para la ACT y la ASR, los pagos que podrían recuperarse totalizan alrededor de $190 millones. Las compañías demandadas incluyen empresas multinacionales como Bristol-Myers Squibb, Microsoft y Walmart, así como firmas de Puerto Rico, como CSA Architects & Engineers, Estudios Técnicos, Evertec, José Santiago Inc., MMM Healthcare, St. James Security, Suiza Dairy y Triple S.
- Bancos suscriptores que participaron en las emisiones de bonos cuestionadas. La demanda es por ayudar e instigar al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a no cumplir con sus deberes de fiducia, por enriquecimiento injusto y por incumplimiento de contrato. Junto con las demandas contra los bonistas GO’s, las reclamaciones totalizan alrededor de $1 mil millones. En total 18 bancos fueron demandados: Barclays, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Jefferies, Mesirow Financial, Morgan Stanley, Ramirez & Co. (Samuel A. Ramirez & Co.), RBC Capital Mercados, Santander Securities, UBS Financial Services Inc. de Puerto Rico, VAB Financial, BMO Capital Markets, Raymond James, Scotia MSD y TCM Capital. UBS, Morgan Stanley y Merrill Lynch también fueron demandados por transacciones de “swaps” conflictivas. Sidley Austin es el único bufete de abogados que está siendo demandado.
- Bonistas con más de $2.5 millones en bonos impugnados GO’s y de la ASR. Debido a que la legalidad de estos bonos está siendo cuestionada, las demandas (bonistas GO’s y bonistas de la ASR) argumentan que cada pago del principal y de los intereses de deuda emitida ilegalmente por el gobierno central y la ASR es ilegal y el dinero debe ser recuperado porque son transferencias fraudulentas bajo las leyes de Puerto Rico y el Código de Bancarrota. Los nombres de los acusados siguen siendo confidenciales al momento de la publicación de este artículo. Como se mencionó anteriormente, las reclamaciones de GO’s totalizan alrededor de $1 mil millones. En el caso de la ASR, se podrían recuperar alrededor de $392 millones en pagos.
Otro grupo de demandas fue radicado contra los bonistas GO’s, donde la Junta busca que el tribunal los declare acreedores no asegurados, un ataque directo contra los fondos buitre que reclaman poseer bonos de obligaciones generales asegurados.
Una lista de todas las partes demandadas en el caso del gobierno central se puede encontrar aquí (excluyendo los bonistas). Documentos judiciales muestran que hay más de 1200 demandados en posesión de los bonos GO’s impugnados.
La demanda contra los bancos suscriptores busca recuperar dinero de cualquier bono que pueda haber sido emitido en violación de las leyes o de la constitución de Puerto Rico tan temprano como en el 2007, limitado solo por un plazo de 10 años contenido en una sección del Código de Bancarrota.
El resultado de estas demandas (avoidance actions) dependerá de si el tribunal decide en última instancia la cuestión de su validez, lo que pesaría mucho en las negociaciones para el plan de ajuste de deuda del gobierno central. Si el tribunal acepta que los bonos impugnados fueron emitidos ilegalmente, los demandados tendrán que devolver el dinero.
Faltan nombres
Faltan algunos nombres importantes en las demandas, como bancos y firmas de abogados que suscribieron o asesoraron en las transacciones de los bonos impugnados.
Una de las subsidiarias de Popular, Inc. fue parte del grupo de bancos que suscribió algunas de las emisiones impugnadas. Recientemente, su CEO confirmó que el banco firmó un acuerdo para retrasar la demanda y posiblemente llegar a un acuerdo. Los lazos familiares entre José Carrión, presidente de la Junta, y la familia Carrión, dueños del banco, son muy conocidos.
Otro nombre que falta es O’Neill & Borges, uno de los bufetes de abogados más grandes de Puerto Rico. Fueron los abogados de los bancos suscriptores para algunas de las emisiones de bonos impugnadas. Sin embargo, no están incluidos entre los acusados. O’Neill & Borges es uno de los bufetes que actualmente representa a la Junta.
Otros bancos y firmas de abogados que faltan son Oriental, First Bank, Wells Fargo, Greenberg Traurig y Pietrantoni Méndez & Álvarez. Es posible que también hayan firmado acuerdos para retrasar las demandas.
Parece contradictorio que la Junta esté demandando a los bancos suscriptores de los bonos impugnados por ayudar al BGF a incumplir sus deberes fiduciarios mientras que al mismo tiempo no toman acciones legales contra los funcionarios del BGF que autorizaron estas transacciones. Los conflictos de intereses que tienen algunos miembros de la Junta son bien conocidos. El ejemplo más claro es el de Carlos García, el ex-banquero de Santander que presidió el BGF y autorizó nueve de las emisiones de bonos impugnadas.
La lucha contra las medidas de austeridad en Puerto Rico continúa. La Junta de Control Fiscal está preparando el camino para los próximos planes de ajuste de deuda, incluidos el de la AEE y el del gobierno central. Los jubilados están en peligro de sufrir recortes a sus pensiones. El país puede defenderse, educándose a sí mismo sobre los temas de la deuda y ejerciendo presión sobre la legislatura cuando presenten los proyectos de ley para autorizar los planes de ajuste de deuda que incluyan recortes draconianos (por ejemplo, recortes a las pensiones). Todas las personas que puedan participar en el proceso de votación de los acreedores de los planes de ajuste de deuda deben emitir su voto para repudiar las decisiones de la Junta. La presión continua, tanto en los tribunales como en las calles, será crucial para ayudar a rechazar las medidas de austeridad que vienen desde arriba.