Los Inversionistas de la Ley 22 Apuestan a un Gobierno de Pierluisi y Romero

Viejo San Juan (Foto: Brad Clinesmith, Wikipedia)

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Las maquinarias de recaudar fondos de los partidos políticos están en todo su apogeo de camino a las elecciones generales en Puerto Rico – y un grupo nuevo y privilegiado de inversionistas que se han beneficiado del régimen de austeridad ha emergido como un sector significativo de donantes.

LittleSis estima que los donativos de los diferentes comités de campaña en este ciclo electoral (2018-2020), sobrepasan los $18.6 millones, de acuerdo a los datos provistos por la Oficina del Contralor Electoral. Pero uno de los ángulos que ha pasado desapercibido hasta el momento es la influencia de los inversionistas de la Ley 22 en el ruedo político del país. Como grupo, los beneficiarios de la Ley 22 han estado donando consistentemente en todos los ciclos electorales.

Un examen de los informes de la Oficina del Contralor Electoral y de la lista de los beneficiarios de la Ley 22 publicada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) muestra que Miguel Romero, candidato a la alcaldía del Municipio de San Juan, y Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación, son los candidatos que mayores recaudos han tenido de estos inversionistas.

La Ley 22 de 2012, aprobada bajo la administración de Luis Fortuño, y respaldada por las administraciones de Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló, libera del pago de impuestos en dividendos y en ganancias capitales a inversionistas que se mudan a Puerto Rico. De esta manera el gobierno promueve que millonarios atraídos por bajos impuestos se muden al archipiélago, con la esperanza de que lo que inviertan en Puerto Rico ayude a la economía.

Según un estudio comisionado por el DDEC y elaborado por Estudios Técnicos, 2,612 decretos fueron aprobados bajo la Ley 22 desde el 2012 hasta el 2019. No tenemos datos respecto si estos individuos se mudaron solos o en compañía de sus familias, así que no está claro cuántas personas en total se han mudado a Puerto Rico a causa de esta exención. Lo que sí sabemos es que, durante estos mismos años, Puerto Rico perdió alrededor de 440,000 habitantes. En ese sentido, la larga depresión económica, combinada con exenciones que solo benefician a inversionistas, ha contribuido a crear una especie de gentrificación a gran escala.

El DDEC todavía no ha actualizado su base de datos para incluir los beneficiarios de la Ley 22 de este año.

Apuestan en grande por Romero y Pierluisi

Una revisión de los donativos por LittleSis encontró que, en este ciclo electoral, desde el 2018 hasta septiembre 2020, los beneficiarios de la Ley 22 han donado alrededor de $203,000. Esta cifra es significativa si se toma en consideración que la ley establece una cantidad máxima de $2,800 anuales a todas las personas donantes. No obstante, al momento de publicar este artículo los ingresos del último trimestre de muchos comités de campañas todavía no han sido publicados, por lo que la cifra final será mayor.

Entre el 2019 y el 2020, Miguel Romero recaudó cerca de medio millón de dólares. Sobre $44,000 – o el 9% de los ingresos de su campaña – provinieron de beneficiarios de la Ley 22, según los informes de su comité hasta junio 2020. Romero, entre otras cosas, es recordado por la aprobación de la notoria Ley 7 al comienzo de la administración de Luis Fortuño. La Ley 7 ordenó el despido de miles de empleados públicos y contó con el respaldo del entonces secretario del Trabajo, Miguel Romero, quien solicitó su aprobación sin enmiendas.

Por otro lado, Pedro Pierluisi es el candidato que más donativos ha recibido de estos inversionistas en este ciclo electoral, recaudando poco más de $60,000 para septiembre 2020. Hasta el 2019, Pierluisi fungió como abogado de la Junta de Control Fiscal a través del bufete O’Neill & Borges, donde facturó hasta $400 la hora.

Eduardo Bhatia era el candidato del Partido Popular Democrático favorito de los inversionistas de la Ley 22, pero fue derrotado en la primaria por Charlie Delgado. Las donaciones recibidas por la comisionada residente Jenniffer Gonzalez fueron hechas a nivel federal, no a nivel local.

Antes de su caída estrepitosa, producto de las masivas movilizaciones que se dieron en el Verano del ‘19, Ricardo Rosselló ya había recaudado $10,600 de inversionistas de la Ley 22. En el ciclo electoral anterior, Rosselló recaudó sobre $69,000 de estos inversionistas, sobrepasando por mucho al resto de los candidatos.

Dos de los inversionistas que más dinero han donado en este ciclo electoral son Mark Curry y Brian Tenenbaum, con $15,100 y $8,400 respectivamente. Curry es un reconocido empresario, fundador y socio de Sol Partners, una firma de consultoría en tecnología que asesora a compañías en manejo de riesgos, captación de clientes y servicio. En el 2017 Curry adquirió Noticel, uno de los medios digitales con mayor presencia en Puerto Rico. Curry vendió a Noticel en marzo del 2020 a un empresario local.

Por su parte Brian Tenenbaum es el principal oficial de operaciones de The Morgan Reed Group, una firma de inversiones en bienes raíces con propiedades en Estados Unidos y Puerto Rico. Un examen de los contratos del Departamento de Transportación y Obras Públicas muestra que compañías relacionadas a The Morgan Reed Group han comprado al menos cuatro de los planteles escolares cerrados por las administraciones de García Padilla y Rosselló, incluyendo una escuela en Puerta de Tierra, San Juan. Las corporaciones relacionadas con The Morgan Reed Group (de acuerdo a sus certificados de incorporación) son Shinrai Holdings LLC, Mr Blue Ocean LLC y Mr Bull LLC.

LittleSis pudo identificar un total de $524,000 en donativos de inversionistas de la Ley 22 desde el 2012 hasta el presente. El Partido Nuevo Progresista es el partido que más se ha beneficiado, recibiendo alrededor del 70% de la totalidad donada. 

Las donaciones a candidatos por parte de inversionistas de la Ley 22 representan otro ejemplo de cómo los intereses corporativos y las élites están usando su poder y su influencia para salvaguardar sus intereses y mantener un status quo que los beneficia a expensas del pueblo puertorriqueño. Si la presencia en Puerto Rico de los inversionistas de la Ley 22 sigue creciendo en los próximos años, las organizaciones y personas que creen en la justicia social deberían estar atentas a su creciente influencia política.